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“Hay una tendencia en América Latina y el Caribe a aprobar leyes que privilegian apenas el cuidado a la primera infancia, sin garantizar la integralidad de derechos”

En esta entrevista, Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), alerta sobre el avance de un proyecto de ley para la primera infancia en Argentina, que no reconoce la interdependencia de los derechos de los/as niños y niñas, y, a su vez, no asegura su derecho a la educación  

El Comité Argentino de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) se está movilizando para frenar en el Senado de Argentina la aprobación de un proyecto de ley que propone una “Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia”. Una petición online plantea que este proyecto de ley y el “Plan Nacional de Primera Infancia”, implantado por el gobierno federal en el 2015, excluyen a la educación como derecho humano que garantiza la realización de otros derechos. Asimismo, el Comité Argentino propone que se fortalezca la política para esta etapa educativa en este país, garantizando la extensión de la obligatoriedad de la oferta educativa a los/as niños/as de 4 años, la universalización del acceso de los/as niños de 3 años a la educación y la ampliación en la cobertura de los Jardines Maternales. Aún reconociendo la importancia del cuidado, las organizaciones de derechos humanos defienden que las políticas y los marcos normativos reconozcan y garanticen el derecho a la educación a este rango etario.

Para reflexionar sobre el tema de la atención en la primera infancia en Argentina y en América Latina y el Caribe, entrevistamos a Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). “No es posible cuidar sin educar, ni educar sin cuidar porque son dos prácticas inseparables para el desarrollo pleno del ser humano. Lo que planteamos es que este proyecto de ley está proponiendo una política que no reconoce la interdependencia de los derechos del niño y de la niña y la integralidad de la gestión de las políticas para la infancia”, señala. "En este proyecto de ley se soslaya la palabra educación y se la reemplaza por la estimulación temprana, que presupone un sujeto que tiene un riesgo de desarrollo, y que por eso necesita ser objeto de una intervención. O sea, eso es bien diferente de la perspectiva educativa."

El Comité Argentino de la OMEP ha expresado al Congreso Nacional sus críticas al proyecto de ley que establece las bases de la “Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia”. ¿Podría explicar cuáles son los puntos principales de discordancia respecto a la propuesta? 

Hace más de un año que este proyecto de ley ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados y le falta la sanción de la Cámara de Senadores. Lo que estamos haciendo es un trabajo de concientización y de conversación con todos los políticos y hemos ido a las reuniones de la Comisión de Población, que está tratando  este tema. Parece que no lo van a aprobar, pero esto es muy débil porque muchas veces se reúnen rapidamente y, sobretodo cuando se va llegando al fin del año, suele ocurrir que se hace un paquete de leyes y se aprueba en la madrugada. Por eso, hay que estar muy atentos y explicarles a los políticos qué pasa con la primera infancia. Un proyecto muy parecido con ese ya se aprobó en Uruguay. O sea, hay en varios países de América Latina y el Caribe una tendencia a aprobar este tipo de leyes que apuntan solamente a políticas de cuidado para la primera infancia. 

La sociedad todavía no reconoce que los niños pequeños son titulares de derechos desde que nacen. Las políticas que hasta ahora se vienen desarrollando suelen ser desarticuladas y no están garantizando atención de forma integral, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un problema mundial porque, si revisamos la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, ahí se plantea una división en la etapa de la primera infancia, donde los niños de 5 años gozan del derecho a la educación infantil, mientras que a los más pequeños solamente se apuntan programas de cuidado. 

El tema es que no es posible cuidar sin educar, ni educar sin cuidar porque son dos prácticas inseparables para el desarrollo pleno del ser humano. Lo que planteamos es que este proyecto de ley está proponiendo una política federal que no reconoce la interdependencia de los derechos del niño y la integralidad de la gestión de las políticas para la infancia. 

¿De qué manera la política de cuidado para niños/as de 0 a 3 años propuesta por esta ley no está de acuerdo a los principios de los derechos de la infancia? ¿Cuáles aspectos de la ley no toman en cuenta el derecho a la educación de los/as niños y niñas? 

Este proyecto genera un nuevo sistema distinto del sistema educativo, o sea, los agentes que cuidan de los niños arman una carrera de cuidador, lo que desconoce la importancia del conocimiento y de las competencias específicas para las personas que cuidan y educan a los niños pequeños, la cual se demuestra en muchísimos estudios a nivel mundial. Cuanto más preparado el adulto que está al lado del niño pequeño, más se enriquece su desarrollo. 

Por el proyecto, se habilitaría a estas personas con un pequeño curso, tanto para que sean cuidadores hogareños, como para que trabajen en Centros de Cuidado para la Primera Infancia [en lugar de los Jardines Maternales o las Escuelas Infantiles]. Estos centros representan una nueva institucionalidad pública, que niega 140 años de tradición en educación inicial. A su vez, la idea del cuidador reniega la larga y densa trayectoria de la formación de docentes que ha sido un símbolo de progresismo y de calidad de la educación inicial en Argentina.    

En este proyecto de ley se soslaya la palabra educación y se la reemplaza por la estimulación temprana, lo que significa que no se está abordando una perspectiva humanizante del niño. Este concepto de estimulación presupone un sujeto que tiene un riesgo de desarrollo, y que por eso necesita ser objeto de una intervención. O sea, eso es bien diferente de la perspectiva educativa. 

Cuando uno habla de cuidado para la primera infancia y pone a la escuela apenas como un dispositivo de cuidado, se está equivocando. La escuela tiene otra función social. La escuela cuida, es cierto, porque justamente la educación debe ser atravesada por esta ética. Sin embargo, cualquier práctica de cuidado, al no contemplar la educación, implica un descuido y una desprotección de otros derechos del niño. Hay mucho riesgo de que se creen “instituciones depósito”, si uno no garantiza todo lo que aporta la educación infantil, con la cultura, los lenguajes y los conocimientos específicos.  

No estamos en desacuerdo con muchos de los fundamentos de este proyecto, porque se basan en la enorme desigualdad del acceso a la educación inicial, y sabemos que este nivel en América Latina, sobretodo para los niños más pequeños, está muy privatizado. Hay grandes negocios por detrás de ello y tenemos que contrarrestarlo. La educación es un derecho, no es un servicio. Ha habido mucha ausencia de políticas del Estado que protejan los derechos de la primera infancia y eso es parte de esta fractura y de esta ignorancia en concebir al niño como ciudadano y de la falta de voluntad de invertir en los primeros años de vida. 

En la mirada de la OMEP, ¿cuáles son las medidas necesarias para garantizar los derechos al cuidado y a la educación en la primera infancia en la región? 

Es importante decir que nosotros en América Latina y el Caribe tenemos leyes que permiten otra política. En Argentina, con este proyecto, podremos agregar una nueva ley que niega los avances ya asegurados en otras legislaciones. Ya tenemos la Ley de Educación Nacional y lo que hace falta es cumplirla. El artículo 18 de esta ley dice que la educación inicial es una unidad pedagógica que abarca desde los 45 días hasta los 5 años, inclusive. Y la mayor parte de las leyes que se han dictado en América Latina y el Caribe después de los años 90 contemplan la educación inicial. Lo que hace falta es cumplir con estas leyes existentes y arbitrar los recursos necesarios y suficientes para convertirlas en realidad, concretando y garantizando los derechos de los niños desde el momento en que nacen. 

Si se aprueba la “ley de cuidado” eso va a ser tremendo, porque se va a justificar y reforzar la política nacional que sigue fraccionando a la primera infancia en dos circuitos: los pobres van al circuito del cuidado y los niños de familias con recursos van al sistema privado, o a las pocas escuelas públicas que ofrecen atención a esta etapa. Porque, lamentablemente, hay enormes desigualdades respecto a las provincias, las cuales generalmente invierten apenas en el nivel que es obligatorio, o sea, ofrecen salas de 4 y 5 años. 

No estamos proponiendo desde la OMEP que se institucionalicen a los niños, o sea, que todos tengan que ir a la escuela infantil o al jardín. Hay niños que están en otros contextos, como los rurales o semi rurales. Hay distintas formas de promover políticas públicas para que los niños puedan gozar de sus derechos. Hay muchos formatos para ofrecer atención a la primera infancia, pero todos ellos tienen que incluir el componente educativo. 

Iniciativa: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación  | Apoyo: IBIS Education for development y UNICEF
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Fotografías: Gilvan Barreto, Empleo de Verano, Erick Mohn, Claudia Mazuela


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